MADRES DE FAMILIA PROMUEVEN AMPARO POR DESALOJO DE CENTRO CULTURAL EN TUXTLA

Foto: El Sol de Chiapas

Seis madres de familia promovieron un juicio de amparo ante la justicia federal en representación de 13 niñas y niños, con el objetivo de recuperar el Centro Cultural Mi Rumbo, en la colonia Plan de Ayala de Tuxtla Gutiérrez, desalojado la noche del 22 de septiembre, según reportó El Sol de Chiapas. El espacio operaba desde hace años con talleres de arte, apoyo escolar y actividades recreativas gratuitas para la comunidad.

Qué pasó

De acuerdo con Elke Franke, directora y cofundadora de la organización Vientos Culturales, encargada del centro cultural, la noche del operativo personas armadas y encapuchadas ingresaron al inmueble acompañadas por patrullas de la Guardia Estatal Preventiva, desalojaron al velador y colocaron sellos de aseguramiento de la Fiscalía. Franke aseguró que el procedimiento se realizó sin que se exhibiera una orden judicial, versión que corresponde a la denuncia de la organización y que requiere el pronunciamiento de las autoridades involucradas.

A tres semanas del desalojo, las familias afectadas presentaron el recurso legal con el acompañamiento de la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) y de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), según el mismo reporte. Franke señaló que hasta el momento no han recibido una explicación jurídica clara sobre el procedimiento que derivó en el aseguramiento del inmueble.

Un espacio comunitario en disputa

Según los organizadores citados por El Sol de Chiapas, 315 niñas y niños y 196 vecinas y vecinos de Plan de Ayala firmaron una petición para exigir la devolución del centro cultural. El inmueble permanece cerrado y su cerco, donde fueron colocados los sellos de aseguramiento, se convirtió en una galería improvisada con dibujos y mensajes de solidaridad elaborados por los propios menores.

Las familias sostienen que el caso debe analizarse bajo el principio del interés superior de la niñez, reconocido en la Constitución mexicana y en la Convención sobre los Derechos del Niño, además de las legislaciones federal y estatal en la materia. Argumentan que el cierre del espacio afecta directamente el derecho al juego, la recreación y la participación cultural de los menores que asistían.

El conflicto tiene también un componente patrimonial. De acuerdo con Vientos Culturales, la organización ocupa el predio desde 1998, cuando su entonces titular lo habría donado para actividades comunitarias. Sin embargo, la persona señalada como donante mantiene actualmente una denuncia por presunto despojo contra la organización, además de un procedimiento civil relacionado con la posesión del inmueble. Se trata de una disputa que antecede al desalojo y que ahora se entrelaza con el reclamo de las madres de familia.

Lo que sigue

El amparo buscará que un juez federal revise si el aseguramiento del inmueble vulneró los derechos de las niñas y niños que utilizaban sus instalaciones, mientras continúa sin resolverse el litigio por la posesión del predio entre Vientos Culturales y la persona que denuncia el presunto despojo.

Lo que queda sin respuesta es si la Fiscalía y la Guardia Estatal Preventiva exhibieron o no una orden judicial al momento del operativo, un punto que las autoridades no han aclarado públicamente.

El caso pone en la mesa dos preguntas que no son excluyentes: a quién pertenece legalmente el predio y qué pasa, mientras tanto, con los niños que perdieron el único espacio cultural gratuito de su colonia.

Con información de: El Sol de Chiapas.