MILES DE INDÍGENAS MARCHAN EN SAN CRISTÓBAL POR INSEGURIDAD Y CRIMEN ORGANIZADO
A dos años del asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, miles de indígenas de siete regiones de Chiapas marcharon en San Cristóbal de las Casas para denunciar violencia, reclutamiento de jóvenes y presencia del crimen organizado.
Foto: Aristegui Noticias
Miles de indígenas católicos de siete regiones de Chiapas marcharon el lunes 19 de octubre por San Cristóbal de las Casas, a dos años del asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, para denunciar que la inseguridad, la violencia y el crimen organizado persisten en sus municipios, según reportó Aristegui Noticias.
Los manifestantes se concentraron en tres puntos de la ciudad y caminaron hasta un costado de la Catedral, donde el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal leyó un pronunciamiento dirigido a la sociedad civil, a los medios y a los tres niveles de gobierno, de acuerdo con el mismo medio.
Qué denuncian
El pronunciamiento del Pueblo Creyente señala que los jóvenes están siendo cooptados por el crimen organizado para halconeo y venta al menudeo de drogas, y por primera vez en dos años de marchas incluye de forma explícita el consumo de drogas en niñez, según el texto difundido en la movilización y citado por Aristegui Noticias. En 2025, el comunicado del primer aniversario había denunciado el reclutamiento de jóvenes, pero no mencionaba a menores de edad.
El documento enumera además venta de alcohol y drogas, amenazas de autoridades locales y de consumidores contra quienes denuncian, detonaciones de armas de fuego en comunidades durante las noches, feminicidios, trata de personas, desapariciones forzadas y cobro de piso en carreteras y caminos. Según el mismo pronunciamiento, los “levantones” y asesinatos “han aumentado en los últimos meses por la lucha de los grupos de poder ante las próximas elecciones en 2027, incluyendo la capital de nuestro Estado”. La organización agregó que existe miedo de denunciar por falta de confianza en las autoridades y en el sistema de justicia, y advirtió que pueblos en resistencia temen ser atacados.
Los manifestantes exigieron que no haya más autoridades involucradas con el crimen organizado y pidieron a la Fiscalía General de la República que continúe las investigaciones para esclarecer el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez e identificar a los autores intelectuales, de acuerdo con Aristegui Noticias. A un costado de la Catedral se celebró también una ceremonia maya y una misa presidida por el obispo de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez.
El caso del padre Marcelo Pérez, sin cerrar
Marcelo Pérez Pérez, sacerdote tsotsil originario de San Andrés Larráinzar, fue asesinado a tiros el 20 de octubre de 2024 en el barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal, al terminar de oficiar misa. Antes, como párroco en Simojovel, había encabezado marchas contra la violencia y la venta de alcohol y drogas, según el recuento de Aristegui Noticias.
Dos años después, el caso tiene un sentenciado y un acusado en proceso, pero los autores intelectuales siguen sin identificarse, expuso en conferencia de prensa el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, que lleva la defensa jurídica junto con la familia y la Diócesis.
Edgar Rolando Mares Banda fue sentenciado a 20 años de prisión como uno de los ejecutores materiales del crimen, dijo Velázquez Florencio; de acuerdo con la organización SweFOR, la sentencia la dictó en agosto de 2025 un juez federal en un caso que atrajo la FGR. El segundo proceso, la causa penal 73/2024, se sigue contra Héctor “N”, a quien Proceso identificó en octubre de 2025 como presunto líder del grupo Los Motonetos. La causa está en etapa intermedia, iniciada formalmente el 30 de septiembre de 2026, con una diligencia reprogramada para el 17 de noviembre en Cintalapa.
Velázquez Florencio señaló que el avance procesal no equivale al esclarecimiento integral de los hechos y que “esto todavía va a dar para más”. Explicó que el caso enfrentó un tropiezo cuando la entonces titular de la fiscalía de la FGR a cargo, Sara Irene Herrerías Guerra, se convirtió en ministra de la Suprema Corte y se llevó al equipo de fiscales, aunque afirmó que las investigaciones siguen abiertas.
Lo que sigue
Falta conocer si la FGR identificará a los autores intelectuales del asesinato y qué respuesta darán los tres niveles de gobierno al pronunciamiento del Pueblo Creyente sobre el reclutamiento de menores y la violencia ligada a las elecciones de 2027.
Dos marchas, dos aniversarios y el mismo diagnóstico: la violencia no cede en los municipios indígenas de Chiapas, y la lista de exigencias crece cada año. La pregunta que queda es si alguna autoridad va a responder antes del tercer aniversario.
Con información de: Aristegui Noticias.
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