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RECTORA DEL IAP CHIAPAS ES SOCIA DE EMPRESA SANCIONADA POR EU POR NEXOS CON CÁRTEL DE SINALOA

Lysette Lameiro, rectora del IAP Chiapas, es socia de The Woods Bar, empresa de Tijuana sancionada por el Tesoro de EU el 29 de septiembre por vínculos con una red del Cártel de Sinaloa, según documentó MCCI.

Por Enrique A. Hernández Escobar·
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Portada de ENALHE sobre la rectora del IAP Chiapas y su sociedad en empresa sancionada por el Tesoro de Estados Unidos

Foto: Alerta Chiapas

Lysette Raquel Lameiro Camacho, presidenta del Consejo Directivo y rectora del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP Chiapas), es socia de The Woods Bar, una empresa de Tijuana que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 29 de septiembre por su vínculo con una red del Cártel de Sinaloa. Así lo documentó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) con actas del Registro Público de Comercio, según reportó Alerta Chiapas este miércoles.

Lameiro no aparece en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense. La empresa sí. El gobierno de Estados Unidos la ubica como propiedad o bajo control de Luis Alfonso Torres Torres, socio mayoritario de The Woods Bar.

Qué documentó MCCI

De acuerdo con el acta constitutiva citada por MCCI, Lameiro fue socia fundadora de The Woods Bar en noviembre de 2020 con 13% de las acciones. Su hermano, Juan Manuel Lameiro Camacho, tenía 7%, y Torres, 40%. El 9 de diciembre de 2025, cuando Lameiro ya encabezaba el IAP, un socio le vendió su parte a Torres, que subió a 70% de la empresa. Los hermanos Lameiro conservaron 20% entre los dos.

MCCI documentó además otros negocios compartidos entre Lameiro y Torres. En abril de 2021 crearon Desarrolladora Plaza Revolución, inmobiliaria de Tijuana donde ella quedó como gerente. En junio de 2024, Lameiro era accionista mayoritaria y administradora única de Desarrolladora El Sombrero, empresa en la que también participa Jorge Alfredo Torres Torres, hermano de Luis Alfonso. Ninguna de estas dos compañías está en la lista de la OFAC. Juan Manuel Lameiro, por su parte, comparte la propiedad de Vida Orgánica Tijuana —otra de las empresas sancionadas— con Luis Alfonso Torres, Carlos Alberto Torres y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, según los registros mercantiles publicados por MCCI.

La red detrás de la sanción

El comunicado del Tesoro del 29 de septiembre incluyó sanciones contra 21 personas y 25 empresas ligadas a liderazgos y redes de corrupción del Cártel de Sinaloa. Entre los señalados están los hermanos Carlos Alberto y Luis Alfonso Torres Torres, de Tijuana. Al primero, el Tesoro lo describe como exesposo de la gobernadora de Baja California y operador político ligado al cártel, aliado de Juan José Ponce Félix, El Ruso, a quien ubica en la red de Los Mayos. Sobre Luis Alfonso Torres, el documento afirma que recibía sobornos y lavaba recursos por medio de empresas, entre ellas The Woods Bar, constituida el 18 de noviembre de 2020 con folio mercantil N-2021008881. Una sanción de este tipo bloquea los bienes de la empresa bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a personas y compañías de ese país hacer negocios con ella.

El instituto que capacita al gobierno de Chiapas

El IAP es una asociación civil que ofrece maestrías, doctorados y cursos de capacitación a funcionarios estatales y municipales. Lameiro fue presentada en 2024 por el gobernador Eduardo Ramírez como parte de su equipo. Según MCCI, en enero de 2025 se reunió con el auditor del estado por encargo del gobernador y firmó un convenio con la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género. Ese año, el IAP cerró 27 cursos del programa PRODIM con 1,143 funcionarios municipales capacitados.

Lo que sigue

Hasta el mediodía del miércoles, ni el Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas ni el IAP habían fijado postura sobre el caso.

Lameiro no está sancionada ni señalada penalmente por autoridad alguna; la sanción del Tesoro recae sobre la empresa y sobre Luis Alfonso Torres Torres. Pero la pregunta que deja el expediente de MCCI es simple: ¿puede alguien seguir al frente de un instituto que forma a funcionarios públicos mientras sus sociedades comerciales quedan marcadas por el gobierno de Estados Unidos como parte del entramado financiero de una red del crimen organizado?

Con información de: Alerta Chiapas.

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