Filtro antinarco del INE: una buena idea que se quedó a medias

México acaba de dar un paso que, en papel, suena impecable. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó por unanimidad la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del Instituto Nacional Electoral, el filtro diseñado para detectar posibles vínculos de los aspirantes con el crimen organizado. El PRI lo impugnó. Perdió.

Hasta ahí, buena noticia. El detalle está en la letra chiquita.

El mecanismo funciona así: cada partido entrega su lista de aspirantes, cada uno con su firma de consentimiento. El INE turna esa lista a la Fiscalía General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a otras instancias de inteligencia y financieras. Ellas dictaminan si existe un “riesgo razonable”. Y el resultado regresa al partido, que decide si lo toma en cuenta o lo guarda en el cajón.

Voluntario. Confidencial. Sin consecuencia obligatoria.

La Corte lo avaló precisamente por eso: el filtro no agrega requisitos para ser candidato ni impide el registro, y así no choca con la presunción de inocencia. Jurídicamente tiene lógica. Políticamente, deja la llave en manos del mismo que arma la lista. Es como si el alumno se calificara su propio examen.

Y no estamos hablando de un riesgo hipotético. La elección de 2027 será de las más grandes en la historia del país, con renovación de ayuntamientos en 30 estados. En las elecciones locales, además, el cruce de información también incluirá a las fiscalías estatales. El filtro llega justo donde más falta hace: en los municipios.

Un ejemplo basta. En Chiapas, al menos cuatro alcaldes en funciones han sido detenidos desde enero de 2025, de acuerdo con la Fiscalía estatal y el Gabinete de Seguridad federal:

• Frontera Comalapa: carpetas por desaparición forzada, extorsión y homicidio, presuntamente ligadas a grupos delictivos.
• Bella Vista: señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado.
• Cintalapa: presuntos nexos con el Cártel Chiapas-Guatemala.
• Suchiapa: hace apenas unos días cayeron el alcalde y el exalcalde en la Operación Enjambre.

Vienen de partidos distintos. Aquí el problema no tiene color: tiene patrón.

Todos tienen derecho a la presunción de inocencia, y será un juez quien decida cada caso. Pero la pregunta de fondo es otra: ¿cuántos de ellos habrían pasado este filtro? Y si no lo pasaban, ¿su partido los habría bajado de la boleta?

Por eso lo mínimo es que todos los partidos y todos los aspirantes del país se sometan. Sin excepción. Y que lo voluntario no se quede en buena intención. No se trata de ventilar expedientes ni de linchar a nadie. Se trata de que pasar el filtro sea obligatorio y de que sea público quién se sometió y quién no. El resultado, confidencial. La lista de los que se rajaron, a la vista de todos.

En 2027 no solo vamos a elegir alcaldes, diputados y gobernadores. Vamos a decidir si el próximo que veamos esposado en las noticias es aquel al que le dimos nuestro voto.

Partidos: el filtro ya existe. Úsenlo.

¡Ahí se las dejo!