465 sancionados en seis años: la violencia política contra las mujeres tiene podio y Chiapas está en él
El registro del INE cumple seis años con 465 personas sancionadas en el país, 386 de ellas hombres. Oaxaca, Veracruz y Chiapas encabezan la lista. Chiapas ya vivió la cara más cruda de esa violencia: las renuncias masivas de 2018.
La violencia política contra las mujeres no es un problema de un estado. Es un problema de país. El Registro Nacional de Personas Sancionadas del INE cumplió seis años y su corte más reciente, difundido en el boletín 404 del 25 de septiembre de 2026, suma 508 registros de 465 personas: 386 hombres y 79 mujeres.
El mapa tiene un patrón claro. Oaxaca encabeza la lista con 126 registros, le sigue Veracruz con 56 y en tercer lugar aparece Chiapas con 35. Completan los cinco primeros Tabasco, con 24, y el Estado de México, con 23. Tres de los cinco primeros lugares son estados del sureste.
El registro es público: cualquier persona puede consultarlo, filtrar por entidad y ver en qué municipios hay sancionados. Esa transparencia importa, porque esta violencia rara vez se ve como tal. Una de sus formas más comunes no deja moretones: obligar a una mujer a renunciar a su cargo.
Chiapas es el caso de manual. En 2018, más de 40 mujeres electas renunciaron y los partidos buscaban que esos lugares los ocuparan hombres. En Tuxtla Chico renunciaron las seis mujeres de una planilla; en Frontera Comalapa, cinco candidatas; en Mapastepec, seis mujeres. Al fenómeno se le conoce en todo el país como las “juanitas”, desde que en 2009 varias diputadas federales electas dejaron su curul a suplentes hombres.
La respuesta institucional ha sido la paridad. Rumbo a las elecciones de 2027, en Chiapas el Congreso sorteó el 27 de septiembre, municipio por municipio, qué candidaturas van obligatoriamente para mujer y cuáles quedan libres. Según la tabla de resultados, Tuxtla Chico, Frontera Comalapa y Mapastepec, los tres municipios de aquellas renuncias masivas, salieron MUJER.
La ley ya obliga a postular mujeres. Lo que no garantiza es que las dejen gobernar. Por eso algunas autoridades electorales locales han empezado a blindar el proceso. El IEPC de Chiapas, por ejemplo, abrió un área de primer contacto para orientar a las mujeres y acompañarlas en sus quejas. También creó un protocolo para cuando una candidata quiere renunciar: primero pasa con una abogada, una psicóloga y una trabajadora social, y entra sola, sin quien la “acompaña”. Si aun así renuncia, la decisión es suya.
Pero hay que decirlo con todas sus letras: el verdadero problema son los propios partidos políticos. De ellos salen las candidaturas, las planillas y las presiones. La paridad ya es ley en todo el país. Ahora falta que los partidos dejen de usar a las mujeres como relleno de planilla.
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