De la lista negra de Washington a un instituto en Chiapas: la titular del IAP aparece como socia de un bar sancionado por EU
Documentos del Registro Público de Comercio revisados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señalan que Lysette Lameiro Camacho, presidenta del Instituto de Administración Pública de Chiapas, fue socia fundadora de The Woods Bar, empresa de Tijuana que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó por presuntos vínculos con una red del Cártel de Sinaloa.
El organismo encargado de formar y profesionalizar a los servidores públicos de Chiapas enfrenta una pregunta incómoda que ya rebasa las fronteras del estado. De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), retomada por medios nacionales como La Silla Rota, la presidenta del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP), Lysette Raquel Lameiro Camacho, aparece como socia fundadora de The Woods Bar, un establecimiento de Tijuana, Baja California, incluido por el gobierno de Estados Unidos en su lista de empresas sancionadas.
Lo que dicen los documentos
Según las actas del Registro Público de Comercio revisadas por MCCI, The Woods Bar se constituyó el 18 de noviembre de 2020. En ese momento, Lameiro Camacho aportó el 13 por ciento del capital y su hermano el 7 por ciento, mientras que Luis Alfonso Torres Torres concentraba el 40 por ciento. En diciembre de 2025, una asamblea documentó la salida de otro socio, cuya participación fue adquirida por Torres, quien quedó con el 70 por ciento de la empresa. Los hermanos Lameiro conservaron en conjunto el 20 por ciento. Para entonces, Lysette Lameiro llevaba un año al frente del IAP, cargo que asumió en diciembre de 2024.
La sanción de Washington
El 29 de septiembre de 2026, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a The Woods Bar junto con otras cuatro compañías que, según la autoridad estadounidense, son propiedad o están bajo el control de Luis Alfonso Torres. El Tesoro lo señala de recibir sobornos y lavar recursos ilícitos mediante empresas y campañas políticas para facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa en Baja California. En la misma acción aparece su hermano, Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
No es la única coincidencia
La investigación de MCCI documenta que Lameiro y Torres también coincidieron en Desarrolladora Plaza Revolución, constituida en Tijuana en 2021, donde ella fue designada gerente. En Desarrolladora El Sombrero, creada en 2024, Lameiro figura como accionista mayoritaria y tiene como socio a Jorge Alfredo Torres Torres, hermano de Luis Alfonso. Además, su hermano Manuel Lameiro Camacho compartió la sociedad Vida Orgánica Tijuana con los hermanos Torres y con la propia gobernadora de Baja California. Esa empresa también fue sancionada por la OFAC.
Un instituto con alcance en todo el estado
Aunque el IAP es una asociación civil, mantiene convenios con dependencias estatales y ayuntamientos para capacitar a funcionarios en áreas como adquisiciones, procesos licitatorios, transparencia y comprobación del gasto público. Durante 2025, el instituto reportó haber capacitado a 1,143 servidores públicos municipales en 27 cursos de su Programa de Desarrollo Institucional Municipal. En octubre de 2026, ya con la sanción vigente, siguió encabezando cursos del mismo programa.
Lo que no dicen los documentos
Es importante precisar que la inclusión en una lista de sanciones de la OFAC es una medida administrativa y no equivale a una sentencia penal. Ser accionista de una empresa sancionada no significa, por sí mismo, haber participado en las conductas que atribuye el gobierno estadounidense. Los documentos mercantiles acreditan una relación societaria; los señalamientos sobre la red criminal corresponden a las autoridades de Estados Unidos.
Sin embargo, el caso abre una pregunta legítima de interés público: quien encabeza la formación de los servidores públicos de un estado, en temas de transparencia y rendición de cuentas, ¿no debería ser la primera en aclarar su situación?
En ENALHE el espacio queda abierto para la postura de Lysette Lameiro Camacho y del Instituto de Administración Pública de Chiapas.
Fuentes: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI); Departamento del Tesoro de Estados Unidos, comunicado del 29 de septiembre de 2026; La Silla Rota; IAP Chiapas.
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